Summary
En este informe, la ILAC evalúa la situación del poder judicial y la fiscalía, así como su papel en la defensa del Estado de Derecho en Guatemala. El estudio revela que los compromisos más amplios con la justicia social y el estado de derecho siguen en gran medida incumplidos. La impunidad, la corrupción, el racismo y la violencia siguen siendo una amenaza fundamental para la estabilidad y el desarrollo equitativo en el país. El sector de la justicia lucha por hacer frente a los recursos insuficientes, las brechas en la capacidad, los esfuerzos externos para influir en su trabajo y la disminución del compromiso para garantizar la independencia necesaria para permitir el cumplimiento de su deber constitucional de impartir justicia.
Por lo tanto, las reformas para garantizar el acceso a la justicia y la independencia del sistema judicial son urgentes. En paralelo y con independencia de la necesidad de reformas estructurales más amplias, los operadores de justicia deben ser respetadas y apoyadas, para que tengan la independencia y capacidad para desempeñar el papel desproporcionado que ha sido el empuje sobre ellos.
Este informe proporciona un aviso claro a las autoridades estatales de que sin un sistema de justicia efectivo e independiente, el estado de derecho y los derechos humanos no pueden garantizarse.