Blog de Lauren McIntosh, ILAC, y Jaime Chávez Alor, Cyrus R. Vance Center for International Justice of the New York City Bar
Guatemala es uno de los muchos países que como Brasil, Nicaragua y Hungría ya estaban experimentando un retroceso en el Estado de derecho mucho antes del Covid-19. Sin embargo, como se destacó en el informe de evaluación de ILAC sobre el Estado de derecho en Guatemala, hubo una ventana de oportunidad para volver al combate a la corrupción y fortalecer el Estado de derecho en Guatemala, a partir de la entrada de un nuevo titular del Ejecutivo en enero de 2020. El nuevo Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, incluso dio los primeros pasos para demostrar que tomaba en serio la lucha contra la corrupción al firmar un acuerdo de cooperación interinstitucional y establecer una comisión presidencial contra la corrupción. Aunque hubo signos iniciales de esperanza, desafortunadamente ya existen varias razones para temer que el estado de derecho continúe retrocediendo y que la posibilidad de justicia se posponga durante la pandemia.
Ya está retrocediendo el Estado de derecho durante el Covid-19
Vimos al Congreso de Guatemala usar una discusión sobre Covid-19 para aprobar un proyecto de reformas a la ley de ONG. La reforma restringe a las ONG y ha sido muy criticada desde que se presentó en marzo de 2017, por ser incompatible con el derecho de asociación y la libertad de expresión. No obstante, el 11 de febrero, fue “subrepticiamente aprobada después de ser presentada por tres congresistas durante una discusión sobre medidas de emergencia para enfrentar el coronavirus, engañando así toda transparencia y debate en el proceso parlamentario”.[1] La Corte de Constitucionalidad guatemalteca suspendió provisionalmente la entrada en vigor de la ley, pero su decisión final está pendiente ya que la Corte suspendió sesiones debido al Covid-19.
Retos adicionales a las postulaciones judiciales
Han pasado más de seis meses desde que el Congreso debía haber elegido jueces para las más altas cortes de Guatemala, incluida la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Lo que ya era un proceso de postulaciones plagado de fallas técnicas y escándalos de corrupción se ha retrasado aún más y es probable que se vuelva aún menos transparente debido a la pandemia. En medio de la cuarentena nacional, el Congreso de Guatemala sesionó el 17 de marzo y eligió jueces del Tribunal Supremo Electoral. La sesión del Congreso se cerró a los medios de comunicación supuestamente como una medida para evitar la propagación del virus. En respuesta, muchos sectores dentro de Guatemala expresaron preocupación por la falta de transparencia en el proceso. A pesar de estas preocupaciones, los nueve jueces recién elegidos tomaron protesta el 27 de marzo.
Casi tan preocupante es el hecho de que la primera determinación de los nuevos jueces suspendió la cancelación de seis partidos políticos y sanciones económicas contra ex candidatos, compañías publicitarias y organizaciones políticas, varias de las cuales supuestamente habían financiado ilícitamente las elecciones. Los jueces justificaron su decisión al afirmar que las partes afectadas no pudieron presentarse en su defensa debido a la crisis de salud pública. Esto plantea la cuestión de si los jueces usaron Covid-19 como pretexto para justificar su fallo después de ser influenciados para suspender las cancelaciones y sanciones. Si la respuesta es sí, este no es un buen comienzo para la legitimidad del Tribunal recién integrado con la encomienda de administrar justicia y erradicar la corrupción en asuntos electorales.
Covid-19 como pretexto para limitar las libertades civiles
No solo se excluyó a los medios de la sesión del Congreso para elegir nuevos jueces para el Tribunal Supremo Electoral, sino que el gobierno impuso más restricciones a los periodistas que buscan acceder y cubrir otras sesiones del Congreso. El 4 de abril, en respuesta a estas limitaciones, el Procurador de los Derechos Humanos presentó un amparo [2] ante la Corte de Constitucionalidad alegando que las restricciones violaban la Constitución de Guatemala. Del mismo modo, aproximadamente una semana después, más de un centenar de periodistas, columnistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil exigieron que el presidente Giammattei y su gobierno dejaran de amenazar su libertad de expresión y al periodismo independiente. La demanda surge del hecho de que el gobierno ha intentado silenciar a los medios de comunicación críticos con la respuesta del gobierno a la pandemia utilizando tácticas de intimidación y excluyendo a los periodistas de los grupos oficiales de WhatsApp donde el gobierno difunde información de Covid-19.
¿Puede la Corte de Constitucionalidad seguir resistiendo?
La Corte de Constitucionalidad se ha mantenido como un grupo de resistencia durante los ataques contra el sector justicia y el Estado de derecho en Guatemala, esperando que esto siga siendo cierto a pesar de la pandemia. Además de los amparos pendientes sobre la ley de ONG y las restricciones impuestas a los periodistas, la Corte continúa recibiendo amparos durante la pandemia. Esto incluye los amparos presentados por el Procurador de los Derechos Humanos para descentralizar las pruebas de Covid-19 y contra el presidente Giammattei por la falta de designación de titular de la Secretaría Presidencial para la Mujer que trabaja para proteger los derechos de las mujeres y la niñez, un amparo que requiere que el presidente Giammattei garantice el agua y servicios de electricidad durante toda la emergencia de salud, así como un amparo para garantizar que las condiciones de los empleados no se modifiquen durante la pandemia. No está claro cómo se resolverán estas cuestiones constitucionales apremiantes mientras el Tribunal no esté en sesión y qué cantidad de retraso puede manejar la institución una vez que esté en funcionamiento nuevamente. ¿Cuánto tiempo se puede posponer la justicia durante una crisis de salud pública?
Fuentes
1] WOLA, “Guatemala: National and International Organizations Condemn Approval of NGO Law,”, https://www.wola.org/2020/02/organizations-condemn-approval-of-ngo-law/ (18 de febrero de 2020 )
[2] Un amparo es un juicio para la protección de los derechos humanos y es común a muchos sistemas legales en América Latina.
