Summary
La judicatura es una institución clave para la protección del Estado de derecho y la gobernanza responsable. El presente informe, que se informa de la experiencia de los jueces de América Latina y el Caribe, describe los desafíos que el poder judicial ha confrontado para hacer frente a la pandemia; éstos, y el impacto que traen consigo, varían y oscilan entre los riesgos que corren los sistemas de equilibrio de poderes y las deficiencias que conlleva la impartición de justicia y el acceso a la misma.
La declaración de estados de excepción y la adopción de medidas de emergencia por toda América Latina y el Caribe, en respuesta a la pandemia de COVID-19, ha generado un gran impacto en la forma de operar del poder judicial, lo que a su vez afecta derechos fundamentales y el acceso a la justicia. En el pasado, las crisis que originaron estados de excepción y medidas de emergencia fueron transitorias, y las instituciones tuvieron la oportunidad de volver a su estado de normalidad relativamente pronto. La crisis actual no tiene precedentes dada su duración y la incertidumbre en torno a su fin. Algunas de las repercusiones que los prolongados estados de excepción y las medidas de emergencia están generando en el poder judicial, y por ende en sus usuarios, ya son evidentes y son resaltadas en este informe.
La pandemia también ha afectado de forma inmediata a la judicatura, ya que mientras a los poderes ejecutivo y legislativo se les ha otorgado facultades adicionales para responder a la crisis, en algunos de los países que abarca el informe se han tenido que reasignar fondos y recursos del mismo poder judicial, lo que ha repercutido en la eficacia de su capacidad para impartir justicia, causando incluso que su independencia sea puesta en tela de juicio. El debido proceso y las garantías de juicios justos se han visto afectados por la imposibilidad de celebrar juicios de manera presencial y por el uso de herramientas digitales de justicia, lo que trae consigo nuevos desafíos en materia de seguridad cibernética. El acceso a la justicia y la resolución de problemas cotidianos en torno a ella se han ralentizado, lo que ocasiona la acumulación de retrasos en casos, como los penales y familiares, por la prioridad que se da a los casos urgentes. A esto se agrega la brecha digital, que amenaza el acceso a la justicia llegando a paralizarlo en algunos países. Sin embargo, en la región también hay ejemplos en que la judicatura contaba con o estaba provista de los recursos adecuados, por lo que rápidamente se pudo hacer uso de los instrumentos de justicia digital y alcanzar una mayor eficacia durante la pandemia.
A través de la esquematización de los nuevos desafíos y problemas que surgieron con la pandemia y las medidas de emergencia ulteriores, el informe identifica buenas prácticas, tendencias y deficiencias sobre la forma en que los gobiernos y el propio poder judicial han respondido a la crisis y a su vez, ofrece recomendaciones sobre la forma en que los gobiernos pueden responder a corto y largo plazo con el fin de asegurar que la judicatura pueda continuar garantizando el acceso a la justicia, protegiendo al mismo tiempo la independencia judicial, durante una crisis con miras a ser extensa, como la pandemia de COVID-19.
Recomendaciones clave
- Realizar evaluaciones y revisiones para desarrollar planes sobre la asignación de fondos y recursos a fin de que el poder judicial pueda garantizar el acceso a la justicia en cualquier asunto, no sólo en aquéllos considerados urgentes, y resolver los retrasos que se hayan presentado dentro de la administración de justicia desde el inicio de la crisis, lo que incluirá evaluar si el impacto es distinto entre los tribunales federales y de las ciudades capitales, y los tribunales regionales y de las provincias, y en qué manera.
- Ampliar y mejorar las herramientas de justicia digital y reducir la brecha digital para que se cumplan las garantías procesales y a los juicios justos y se asegure el acceso a la justicia en todos los casos.
- Establecer directrices claras en materia de seguridad cibernética, llevando a cabo los procedimientos judiciales de forma virtual y garantizando el acceso a las audiencias públicas. Tales directrices deben estar en consonancia con las normas que salvaguardan los derechos humanos y los principios del Estado de derecho con la finalidad de garantizar la protección de los derechos fundamentales, la independencia judicial y la legitimidad de los procedimientos judiciales.
El informe “Justicia en el tiempo de COVID-19 – Desafíos del poder judicial en América Latina y el Caribe” se basa en entrevistas realizadas a jueza y jueces y en investigaciones desarrolladas por despachos jurídicos locales de trece países de la región. Las entrevistas se efectuaron durante la primavera y el verano de 2020 por Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Dado que los datos reunidos reflejan la forma en que los actores del poder judicial respondieron a la pandemia hasta septiembre de 2020, se hace el uso del tiempo pasado a lo largo de todo el informe. Las perspectivas y opiniones proporcionadas por quienes imparten justicia y profesionale del derecho locales hicieron posible tanto el informe como sus recomendaciones.
La elaboración del informe fue posible gracias al financiamiento de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Sida).