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Estocolmo, Suecia
El International Legal Assistance Consortium (ILAC) publicó hoy la versión en español del informe que examina la situación de la judicatura y el ministerio público fiscal en Guatemala. El Informe de Evaluación del Estado de Derecho de ILAC sobre Guatemala proporciona una línea de base a los esfuerzos para analizar el estado de derecho en Guatemala, incluyendo los desafíos para hacer justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno de 1960-1996, disputas sobre tierras y recursos naturales, criminalización de protestas, discriminación contra las mujeres y personas LGBTI, y marginación de las comunidades indígenas.
“Aunque Guatemala ha estado en paz por más de veinte años, el legado de la desigualdad y violencia aún ponen en peligro el estado de derecho, la estabilidad y el desarrollo del país hasta hoy en día”, afirmó Agneta Johansson, directora ejecutiva de ILAC. “Muchos compromisos con el estado de derecho y los derechos humanos firmados en los Acuerdos de Paz de 1996 siguen sin cumplirse. Consecuentemente, las raíces del conflicto como la pobreza, la desigualdad, el racismo y la corrupción son todavía cuestiones importantes y, con frecuencia, se han vuelto más complejas y intratables. Sin el establecimiento del estado de derecho y otras medidas decisivas contra la impunidad, se ponen en riesgo los logros de las últimas décadas.”
En octubre de 2017, el equipo de ILAC, formado por ocho expertos, viajó a Guatemala y entrevistó más de 150 profesionales del Derecho guatemaltecos, actores de la sociedad civil y funcionarios internacionales. Además de las reuniones en la capital, Ciudad de Guatemala, el equipo viajó a otras partes del país, incluyendo Quetzaltenango, Nebaj, El Estor, Rabinal y a sitios del departamento de Petén, para comprender el funcionamiento del sistema de justicia en el nivel local.
“El equipo de evaluación claramente comprendió que los individuos que ‘operan la justicia’ pueden y hacen diferencia, dijo Rhodri Williams, experto jurídico de ILAC y líder de la evaluación. Tanto a nivel nacional como local, muchos jueces y fiscales trabajan diligentemente para impartir justicia,generalmente en condiciones difíciles y, con frecuencia, bajo amenazas. En general, el sector de la justicia está luchando para hacer su trabajo a pesar de la insuficiencia de recursos adecuados, capacidad, desconfianza pública, acusaciones de corrupción y amenazas de socavar su independencia.
Las principales conclusiones del informe incluyen:
- Las reformas para garantizar el acceso a la justicia y la independencia del sistema judicial son urgentes. Los expertos de la Misión de ILAC fueron frecuentemente informados de los fracasos de los gobiernos de Guatemala para garantizar el estado de derecho. Tales reformas deben emprenderse en un contexto más amplio de esfuerzos renovados de implementación plena de los Acuerdos de Paz y de abordaje de las raíces del conflicto.
- Los jueces y fiscales en Guatemala deben ser respetados y apoyados, para que tengan la independencia y la capacidad de desempeñar su papel crucial en la sociedad. Muchos operadores de justicia en Guatemala trabajan actualmente bajo una combinación de circunstancias que limitan su independencia y efectividad.
Con base en estas conclusiones, el informe hace numerosas recomendaciones sobre cómo fortalecer el estado de derecho en Guatemala.
“ILAC no es el primer tampoco el único observador que señala estas circunstancias, concluyó Williams. Sin embargo, esperamos que este informe haga saber más a las autoridades de Guatemala sobre graves obstáculos, claramente documentados y explicados, que afectan a la independencia y la efectividad del sector de justicia, y que necesitan ser abordadoscon urgencia y en profundidad. Sin un sistema de justicia efectivo e independiente, no se puede asegurar el estado de derecho y los derechos humanos.”
La misión de evaluación y el informe fueron posibles gracias al financiamiento de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Fundada en 2002, ILAC es un consorcio internacional que reúne a más de 50 asociaciones y profesionales del derecho de todo el mundo, para compartir su experiencia y conocimiento con agentes nacionalesque están reconstruyendo sus instituciones de justicia después de un conflicto armado.
Para más informaciones, por favor contactar Rhodri Williams
LEA EL INFORME EN ESPAÑOL
