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Basado en los hallazgos de su reciente informe de evaluación sobre el estado de derecho en Guatemala, el Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC) expresa su preocupación por los recientes intentos del gobierno de Guatemala de procesar a los jueces de la Corte de Constitucionalidad por el contenido de las opiniones legales que han expresado en ejercicio de sus funciones, intentos que ponen al sistema de justicia y al estado de derecho al borde del colapso.
Si no se restablecen las garantías de independencia y efectividad del sistema de justicia de Guatemala, se puede perder una década de avances arduos en la lucha contra la impunidad y la corrupción, lanzando el país -y a toda la región- a su crisis más profunda desde el conflicto interno.
Al momento de la misión de ILAC a Guatemala, ya habían emergido tensiones entre el gobierno del Presidente Jimmy Morales y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas. Éstas estallaron una vez más a finales de 2018, obligando ILAC a cancelar el lanzamiento de su informe en la Ciudad de Guatemala previsto para entonces.
Sin embargo, durante las últimas semanas, el gobierno de Morales no solo ha decidido unilateralmente dar por terminado el trabajo de la CICIG ocho meses antes del final de su mandato, sino que también ha iniciado nuevos ataques contra el sistema de justicia del país que amenazan la rendición de cuentas, los derechos humanos y principios constitucionales fundamentales como el de la separación de los poderes.
El avance más alarmante en este terreno ha involucrado esfuerzos para dejar sin efecto la inmunidad de los jueces de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, quienes han desempeñado un papel decisivo en la toma de decisiones que bloquean los esfuerzos del Gobierno para dejar de lado a la CICIG. Los fundamentos de estos intentos son las alegaciones de que las opiniones mayoritarias de los jueces eran “arbitrarias e ilegales”.
La solicitud para levantar la inmunidad de los jueces fue hecha por el Procurador General del país, quien no tiene competencia en asuntos penales, y se le permitió proceder al Congreso por el voto de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema, a pesar del hecho de que la queja no especificó cuáles decisiones de la Corte de Constitucionalidad eran objetadas.
Esta evolución representa una escalada de una alarmante tendencia observada por la misión de ILAC, por la cual los jueces que actuaron con integridad enfrentaron acoso administrativo, desventajas en el desarrollo de su carrera, la negación de recursos y seguridad, y hasta aparentes intentos de espiarlos. Entre las numerosas recomendaciones del informe relacionadas con estos temas, ILAC realizó las siguientes dirigidas al Gobierno de Guatemala:
- Tomar todas las medidas necesarias para apoyar la independencia de los operadores judiciales, lo que incluye asegurar que se pongan a disposición del sector justicia los recursos adecuados para garantizar que pueda desempeñar su función vital, y garantizar la seguridad de los operadores, en particular los jueces en jurisdicciones como los Tribunales de Alto Riesgo.
- Confirmar el apoyo estatal al estado de derecho y la independencia de la judicatura.
- Asegurar que el Estado cumpla con las sentencias judiciales y ofrezca los recursos adecuados para la ejecución de las sentencias, como, por ejemplo, las de la Corte de Constitucionalidad.
La escalada actual de denegación de recursos, el acoso y los intentos de procesar a los jueces contraríanlos estándares internacionales y las mejores prácticas. En un informe de 2016 sobre rendición de cuentas judicial, la Comisión Internacional de Juristas, miembro de ILAC, señaló que para proteger la independencia judicial:
…los jueces deben, en principio, ser inmunes a los procedimientos penales en relación con sus órdenes y resoluciones (es decir, la interpretación de la ley, la evaluación de los hechos o la apreciación de las pruebas), y el debido cumplimiento de sus deberes judiciales en general (26 -7).
Esta idea se apoya en los informes de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, incluida la Sra. Gabriela Knaul, quien ocupó este cargo desde 2009-2015 y participó en la evaluación de ILAC en nombre de ILAC, miembro de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces:
Los jueces deben ser responsables de la conducta que los hace incapaces de cumplir con sus deberes o cómplices en graves violaciones del derecho internacional”, dijo. “Sin embargo, la amenaza de enjuiciamiento por simplemente interpretar la ley hace imposible que los jueces cumplan el papel que se espera de ellos en cualquier sistema legal ordinario.
Los jueces disidentes de la Corte Suprema de Guatemala también han argumentado que el enjuiciamiento de los jueces de la Corte de Constitucionalidad por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus deberes es ilegal según la legislación nacional, y que las decisiones de la Corte son vinculantes para todos los organismos públicos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también condenó este proceso como una violación del principio de la separación de poderes, la independencia judicial y del estado de derecho, y expresó su preocupación con respecto a las declaraciones ofensivas relacionadas con la Corte de Constitucionalidad hechas por agentes estatales y congresistas en un momento en que la atmósferaen el país se encuentra extremadamente polarizada.
ILAC y sus miembros continuarán monitoreando la situación e instando a todos los actores en Guatemala a preservar y defender el estado de derecho. Como miembro de ILAC, la Asociación Americana de Abogados expresó en un comunicado de prensa reciente:
No puede existir un estado de derecho ni una democracia efectiva, sin el cumplimiento gubernamental de las decisiones judiciales y del principio fundamental del derecho internacional de que los acuerdos deben respetarse”.
ILAC fue establecida en 2002 para facilitar la cooperación de los actores internacionales y regionales involucrados en la reconstrucción de los sistemas de justicia y el estado de derecho en países afectados por conflictos. En 2017, ILAC seleccionó una delegación de expertos entre los candidatos presentados por sus 52 organizaciones miembros para realizar una evaluación del sector de la justicia en Guatemala. La delegación viajó a Guatemala en octubre de 2017, y se reunió entonces con más de 150 guatemaltecos, incluidos jueces, fiscales, abogados, defensores de los derechos humanos y líderes empresariales. Sigue las últimas notícias de la ILAC en www.ilacnet.org y en Twitter @ILAC_Rebuild.
El informe de la misión, disponible tanto en inglés como en español, identificó severos desafíos para el estado de derecho en Guatemala y reconoció el papel crucial que ha desempeñado la CICIG para respaldar la capacidad institucional de la judicatura y la fiscalía para abordarlos.
